Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo día 29. Algunos trabajan en la Sanidad Pública sin reunir la titulación necesaria. El Colegio de Médicos lo denunció hace años al Fiscal General.
José Luis Cervero. Madrid
La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país, según ha podido conocer LA GACETA de fuentes de la investigación.
La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una red de presuntos estafadores desarticulada por la policía, dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero y facilitarles la documentación para que pasaran por ciudadanos de la UE ante los tribunales examinadores.
El número total de médicos aspirantes a MIR superan los 13.600 y la relación de admitidos, “que será exhibida en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno”, está firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional.
Curiosamente, su titular, Juan Antonio López Blanco, es uno de los imputados en las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros y prevaricación.
Según el atestado policial, López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios.
Los irregulares
En la criba hecha por la investigación a la relación de aspirantes difundida por Sanidad, se ha detectado hasta ahora que más de 1.000 no reúnen las condiciones para presentarse a los exámenes y que, sin embargo, el Ministerio ha hecho la vista gorda y se lo ha permitido.
La mayor parte de ellos se encuentran en situación irregular y otros muchos –también irregulares– trabajan como médicos en centros de salud pública, clínicas y establecimientos privados sin reunir los requisitos exigidos por la ley española y por los convenios y directivas emanados con y desde la Unión Europea (UE).
En una primera aproximación realizada por este periódico a la referida lista se ha contrastado que el mayor número de estos extranjeros presumiblemente irregulares son de nacionalidad colombiana, unos 110 aproximadamente. Seguidos de los dominicanos (92), peruanos (39), bolivianos (20), cubanos (11), mejicanos (8), etc.
Además de los aspirantes a MIR originarios de Latinoamérica, se presentarán al examen un egipcio, un indio, un sirio, un argelino y dos marroquíes, entre otros.
Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.
Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.
La colombiana Nour Sofía Al Hajj Rabat, convocada el próximo 29 a examinarse en el Edificio Campomanes de la Universidad Carlos III de Madrid, con residencia temporal, trabaja como anestesista en el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha. En las listas de Sanidad figura que está en posesión de la residencia permanente.
La venezolana Mary Carolina Chalchoub Cabrera, llamada a examen en la Universidad de Baleares, aunque tiene residencia temporal figura en las listas del Ministerio con residencia permanente. Trabaja como cirujano en el Servicio Balear de Prevención.
El Balneario
El Balneario de Benito, situado en la localidad manchega de Reolid, cerca de Salobre (el pueblo de José Bono), tiene como médico a la colombiana Luisa Fernanda Álvarez Nieto, que se encuentra en la misma situación irregular que sus compañeros ya citados y que también cuenta en Sanidad con el reconocimiento de “residencia permanente”. Su examen tendrá lugar en la Universidad de Valencia.
Según ha podido constatar este periódico, este centro de relajamiento se encuentra siempre repleto de personas de la tercera edad, debido a los convenios de colaboración que mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estos acuerdos datan de la época en la que el actual presidente del Congreso de los Diputados la presidía.
Por otro lado, en la Sanidad Pública de Albacete trabaja como médico cirujano la dominicana Xenia Iciano García, con residencia temporal en España y por tanto extracomunitaria. Sin embargo, aparece en las listas del Ministerio con el epígrafe 1, es decir, como si se tratara de un ciudadano de la UE. El examen para MIR, lo tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Dentro de estas listas de aspirantes elaboradas por el Ministerio de Sanidad llama poderosamente la atención una relación de 34 médicos dominicanos, entre ellos Aura Ligia Urraca Rodríguez y Aldonsa Vargas Parra, encuadradas dentro del epígrafe 5, “Falta de acreditación conocimiento de idioma”, que la policía no tiene conocimiento ni de su existencia ni de su permanencia en España.
Lo cierto es que este grupo de dominicanos ni siquiera están en posesión del NIE (Número de Identidad de Extranjeros). Estos incontrolados por la policía están citados para examinarse en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Otros de sus compañeros lo harán en el Aulario II del Campus de Alcorcón de esta misma Universidad.
Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.
Denuncias
Hace cuatro años que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, denunció ante el Ministerio de Sanidad y ante la Fiscalía General del Estado el peligro que supone para la salud pública el hecho de que en la actualidad haya en nuestro país del orden de 10.000 a 12.000 médicos extracomunitarios que están trabajando en España en condiciones irregulares.
Pedían que se les explicara las causas que han llevado al Ministerio de Educación y Ciencias a homologar títulos de Medicina falsos y de las medidas adoptadas para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro.
Para ello solicitaban de este Ministerio la presencia de un representante permanente de la OMC en el proceso de homologación de títulos de Licenciado en Medicina.
Se dirigieron a las Comunidades Autónomas para que pusieran fin inmediato a las contrataciones de médicos extranjeros. Pero todo cayó en saco roto como prueba la información que hoy publica en exclusiva LA GACETA. Conde Pumpido y el Ministerio de Sanidad, desde la época de Elena Salgado como titular hasta nuestros días, pasando por Bernat Soria y Trinidad Jiménez, no hicieron caso. Pumpido les pidió el nombre de alguna persona para dirigir contra ella las investigaciones.
En una entrevista concedida a este periódico, el presidente Rodríguez Sendín decía resignado: “Ni siquiera sabemos si estos irregulares son médicos de verdad, nosotros, con tan sólo una entrevista de un cuarto de hora sabemos si la persona con la que hablamos es médico o no, pero ni siquiera nos conceden esa oportunidad”.
La propia policía que investiga esta trama, en un informe que obra en las diligencias previas del juzgado de Murcia, establece que es “requisito indispensable la titulación en Medicina Familiar y Comunitaria para el desempeño de la profesión en centros o servicios propios, integrados o concertados del Sistema Nacional de Salud”.
“En resumen –sigue el informe– para trabajar en la sanidad pública española, cualquier médico sin distinción de origen ha de superar el examen de MIR (o conseguir la homologación de su especialidad a través del Ministerio de Educación), incluso para médico general, ahora denominada la especialidad de medicina familiar (en la actualidad son cuatros de MIR). Citan también una directiva europea que obliga a poseer este título.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/pajin-permite-1000-medicos-extranjeros-ilegales-espana-examinarse-mir-20110
jueves, 27 de enero de 2011
sábado, 22 de enero de 2011
Condena penal a 2 psiquiatras e indemnización de 880.000 € a dos MIR
Según Diario Medico:
Dos médicos psiquiatras y dos residentes han sido condenados por un juzgado penal por no realizar las pruebas necesarias para descartar un problema neuronal a una paciente que llegó al servicio de Urgencias. La enferma sufrió un ictus cerebral y se le trató como una ansiedad.
El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid ha condenado a dos psiquiatras y a dos residentes de esta especialidad de un hospital de Madrid por no sospechar del ictus neuronal que sufría una paciente que llegó al servicio de Urgencias y no realizarle las pruebas neurológicas. Los especialistas han sido condenados a un año de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación profesional, y las residentes a una multa por una falta de lesiones.
Los hechos ocurrieron en 2001, cuando la demandante, una mujer de 36 años y embarazada, acudió al servicio de Urgencias de un hospital de Madrid por mareos y pérdida de sensibilidad en un brazo. Ese primer día fue atendida por un facultativo de Medicina Interna (no imputado en el proceso) que elaboró un informe de su situación, con exploración general y neurológica, y le dio de alta con un diagnóstico de "probable síndrome ansioso-depresivo". La mujer regresó a su casa con la prescripción de ser supervisada por su médico de cabecera, después de haber remitido los síntomas con el ansiolítico que le dieron.
Al día siguiente regresó al servicio de Urgencias del mismo hospital en peores condiciones, "con pérdida de fuerza y de habla", apunta la sentencia. De nuevo el marido advirtió a los médicos de que su mujer había sufrido, hacía cuatro años, un trombo embolismo pulmonar y de que su padre había muerto de un infarto. Las residentes que le atendieron recabaron esta información, y el informe efectuado el día anterior, y realizaron una exploración general. Las MIR mantuvieron el diagnóstico del día anterior, pero con dudas ante la dificultad del caso, decidieron consultar al médico adjunto y jefe de servicio de Urgencias de la Unidad de Psiquiatría, el tercer condenado en el juicio. El facultativo atendió la consulta telefónicamente, sin realizar ninguna exploración de la paciente, y ordenó que "fuera sedada y permaneciera en observación en la Unidad de Psiquiatría hasta que la inquietud remitiera, recomendando sujeción geriátrica", según recoge el fallo. Transcurridas varias horas y ante ningún síntoma de mejora, se decidió el ingreso en planta. En la madrugada el día anterior, la enfermera que la revisó registró en su hoja una "ligera desviación de la comisura labial". Durante esa mañana acudió a verla un médico del Servicio de Psiquiatría del hospital, el cuarto condenado, que revisó los informes sin apreciar nada reseñable. El facultativo reprodujo en la hoja de evolución el informe del día anterior, después de explorarla, según afirmó en el juicio, aunque "no consta el resultado de la exploración, como tampoco la desviación de la comisura labial que apreció la enfermera", aclara el fallo. Por la tarde de ese día se le practicó una TC y se le diagnosticó un infarto isquémico de arteria cerebral media izquierda. A partir de ese momento la paciente fue sometida a un tratamiento neurológico.
Diez años después de estos hechos, la mujer, que ha sido representada en el proceso por el letrado Álvaro Sardinero, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, sufre una hemiplejia derecha grave, afasia motora y una pérdida del campo visual derecho del 25 por ciento, entre otras secuelas.
Médico forense
La interpretación que hace el médico forense de estos hechos fundamenta la condena impuesta por el juez. El perito afirma que "con el historial de la paciente y los síntomas que presentaba, sobre todo tras el segundo ingreso, no se puede descartar un trastorno neurológico. Lo correcto era haber tenido en cuenta las circunstancias de tipo neurológico y no sólo psiquiátrico. Haber tomado las constantes, la tensión, la temperatura, etc". También el perito neurólogo es tajante al afirmar que "era preciso descartar una patología neurológica" y que "no es excusa el no haber realizado la correspondiente exploración neurológica porque se practicara el día anterior".
El juez condena a los dos psiquiatras por un delito de lesiones por imprudencia grave y a las residentes por una falta de lesiones por imprudencia leve y al pago de una indemnización de 880.000 euros, que deben afrontar de manera solidaria las compañías aseguradoras, siendo el hospital responsable subsidiario. La condena admite recurso ante la Audiencia de Madrid.
¿Falta para las MIR, aún supervisadas?
La sentencia del Juzgado Penal número 20 de Madrid analiza la responsabilidad de las dos médicos residentes que atendieron a la paciente en el segundo ingreso en el servicio de urgencias. A la luz de la doctrina del Tribunal Supremo sobre responsabilidad de los médicos residentes, el titular del juzgado acuerda la condena de las médicos en formación pese a que al albergar dudas sobre el diagnóstico consultaron al médico especialista que estaba de guardia. El fallo considera que las MIR no se extralimitaron en sus funciones y acudieron al especialista por las dudas y ante la complejidad del caso, pero aun así se les condena a una pena de multa por una falta de lesiones. La doctrina del alto tribunal sobre la responsabilidad de los médicos en formación es clara: son profesionales que realizan una "asistencia sanitaria tutelada". El juzgado de Madrid recuerda que es "un médico que se encuentra aún en formación, bajo la dependencia de un jefe de servicio o médico titular con el que interviene, y es éste quien responde por los actos que aquél realiza, al incumplir el deber de vigilancia, con la excepción, claro está, de que el MIR asuma indebidamente una actuación". La condena que el juez establece para las MIR no es la misma que para los especialistas, dado que su posición de garante respecto al paciente es diferente.
Lo inquietante de esta sentencia es que se condena a una multa a las MIR que atendieron a la paciente, y que con buen criterio, ya que estamos en periodo de formación, avisaron a su inmediatamente superior para que fuera él el que evaluara a la paciente. Estas residentes estaban en pleno derecho a equivocarse, ya que al estar en proceso de aprendizaje tienen la obligación de consultar las razonables dudas que aparezcan en el desarrollo de sus funciones. De esto podemos sacar como moraleja que nadie te va librar de una condena por muy residente que seas y que nuestra profesión no se basa en obedecer a ciegas por muy catedrático y jefe de servicio que sea el que te da una orden, ya que el último responsable es el que la lleva a cabo, y si no estás de acuerdo profesionalmente en algo no debemos hacerlo
Dos médicos psiquiatras y dos residentes han sido condenados por un juzgado penal por no realizar las pruebas necesarias para descartar un problema neuronal a una paciente que llegó al servicio de Urgencias. La enferma sufrió un ictus cerebral y se le trató como una ansiedad.
El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid ha condenado a dos psiquiatras y a dos residentes de esta especialidad de un hospital de Madrid por no sospechar del ictus neuronal que sufría una paciente que llegó al servicio de Urgencias y no realizarle las pruebas neurológicas. Los especialistas han sido condenados a un año de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación profesional, y las residentes a una multa por una falta de lesiones.
Los hechos ocurrieron en 2001, cuando la demandante, una mujer de 36 años y embarazada, acudió al servicio de Urgencias de un hospital de Madrid por mareos y pérdida de sensibilidad en un brazo. Ese primer día fue atendida por un facultativo de Medicina Interna (no imputado en el proceso) que elaboró un informe de su situación, con exploración general y neurológica, y le dio de alta con un diagnóstico de "probable síndrome ansioso-depresivo". La mujer regresó a su casa con la prescripción de ser supervisada por su médico de cabecera, después de haber remitido los síntomas con el ansiolítico que le dieron.
Al día siguiente regresó al servicio de Urgencias del mismo hospital en peores condiciones, "con pérdida de fuerza y de habla", apunta la sentencia. De nuevo el marido advirtió a los médicos de que su mujer había sufrido, hacía cuatro años, un trombo embolismo pulmonar y de que su padre había muerto de un infarto. Las residentes que le atendieron recabaron esta información, y el informe efectuado el día anterior, y realizaron una exploración general. Las MIR mantuvieron el diagnóstico del día anterior, pero con dudas ante la dificultad del caso, decidieron consultar al médico adjunto y jefe de servicio de Urgencias de la Unidad de Psiquiatría, el tercer condenado en el juicio. El facultativo atendió la consulta telefónicamente, sin realizar ninguna exploración de la paciente, y ordenó que "fuera sedada y permaneciera en observación en la Unidad de Psiquiatría hasta que la inquietud remitiera, recomendando sujeción geriátrica", según recoge el fallo. Transcurridas varias horas y ante ningún síntoma de mejora, se decidió el ingreso en planta. En la madrugada el día anterior, la enfermera que la revisó registró en su hoja una "ligera desviación de la comisura labial". Durante esa mañana acudió a verla un médico del Servicio de Psiquiatría del hospital, el cuarto condenado, que revisó los informes sin apreciar nada reseñable. El facultativo reprodujo en la hoja de evolución el informe del día anterior, después de explorarla, según afirmó en el juicio, aunque "no consta el resultado de la exploración, como tampoco la desviación de la comisura labial que apreció la enfermera", aclara el fallo. Por la tarde de ese día se le practicó una TC y se le diagnosticó un infarto isquémico de arteria cerebral media izquierda. A partir de ese momento la paciente fue sometida a un tratamiento neurológico.
Diez años después de estos hechos, la mujer, que ha sido representada en el proceso por el letrado Álvaro Sardinero, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, sufre una hemiplejia derecha grave, afasia motora y una pérdida del campo visual derecho del 25 por ciento, entre otras secuelas.
Médico forense
La interpretación que hace el médico forense de estos hechos fundamenta la condena impuesta por el juez. El perito afirma que "con el historial de la paciente y los síntomas que presentaba, sobre todo tras el segundo ingreso, no se puede descartar un trastorno neurológico. Lo correcto era haber tenido en cuenta las circunstancias de tipo neurológico y no sólo psiquiátrico. Haber tomado las constantes, la tensión, la temperatura, etc". También el perito neurólogo es tajante al afirmar que "era preciso descartar una patología neurológica" y que "no es excusa el no haber realizado la correspondiente exploración neurológica porque se practicara el día anterior".
El juez condena a los dos psiquiatras por un delito de lesiones por imprudencia grave y a las residentes por una falta de lesiones por imprudencia leve y al pago de una indemnización de 880.000 euros, que deben afrontar de manera solidaria las compañías aseguradoras, siendo el hospital responsable subsidiario. La condena admite recurso ante la Audiencia de Madrid.
¿Falta para las MIR, aún supervisadas?
La sentencia del Juzgado Penal número 20 de Madrid analiza la responsabilidad de las dos médicos residentes que atendieron a la paciente en el segundo ingreso en el servicio de urgencias. A la luz de la doctrina del Tribunal Supremo sobre responsabilidad de los médicos residentes, el titular del juzgado acuerda la condena de las médicos en formación pese a que al albergar dudas sobre el diagnóstico consultaron al médico especialista que estaba de guardia. El fallo considera que las MIR no se extralimitaron en sus funciones y acudieron al especialista por las dudas y ante la complejidad del caso, pero aun así se les condena a una pena de multa por una falta de lesiones. La doctrina del alto tribunal sobre la responsabilidad de los médicos en formación es clara: son profesionales que realizan una "asistencia sanitaria tutelada". El juzgado de Madrid recuerda que es "un médico que se encuentra aún en formación, bajo la dependencia de un jefe de servicio o médico titular con el que interviene, y es éste quien responde por los actos que aquél realiza, al incumplir el deber de vigilancia, con la excepción, claro está, de que el MIR asuma indebidamente una actuación". La condena que el juez establece para las MIR no es la misma que para los especialistas, dado que su posición de garante respecto al paciente es diferente.
Lo inquietante de esta sentencia es que se condena a una multa a las MIR que atendieron a la paciente, y que con buen criterio, ya que estamos en periodo de formación, avisaron a su inmediatamente superior para que fuera él el que evaluara a la paciente. Estas residentes estaban en pleno derecho a equivocarse, ya que al estar en proceso de aprendizaje tienen la obligación de consultar las razonables dudas que aparezcan en el desarrollo de sus funciones. De esto podemos sacar como moraleja que nadie te va librar de una condena por muy residente que seas y que nuestra profesión no se basa en obedecer a ciegas por muy catedrático y jefe de servicio que sea el que te da una orden, ya que el último responsable es el que la lleva a cabo, y si no estás de acuerdo profesionalmente en algo no debemos hacerlo
martes, 18 de enero de 2011
Sanidad creará la especialidad de Urgencias, pero no da fecha
Según Diario Médico:
La acuciante necesidad de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) de saber exactamente cuándo se creará la especialidad que lleva años reclamando ha topado con la tendencia habitual de la Administración a no mojarse con fechas concretas. Como no podía ser menos, Francisco Valero, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ha reiterado por activa y por pasiva el compromiso de creación de la especialidad que los tres ministros que han pasado por Sanidad en los últimos 5 años (Bernat Soria, Trinidad Jiménez y la actual, Leire Pajín) han asumido sucesivamente con Semes, pero ha eludido hablar de un horizonte concreto.
Aún así, de su afirmación se desprende que el propio ministerio es consciente de que la espera es demasiado larga incluso para Semes, cuya paciencia Sanidad ha puesto reiteradamente a prueba: "La especialidad de Urgencias y Emergencias es un compromiso firme y será una realidad en breve plazo, poniendo fin así a un largo peregrinaje que comenzó en 2005, cuando un grupo de trabajo creado en el seno del ministerio manifestó la necesidad de crear la especialidad".
La acuciante necesidad de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) de saber exactamente cuándo se creará la especialidad que lleva años reclamando ha topado con la tendencia habitual de la Administración a no mojarse con fechas concretas. Como no podía ser menos, Francisco Valero, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ha reiterado por activa y por pasiva el compromiso de creación de la especialidad que los tres ministros que han pasado por Sanidad en los últimos 5 años (Bernat Soria, Trinidad Jiménez y la actual, Leire Pajín) han asumido sucesivamente con Semes, pero ha eludido hablar de un horizonte concreto.
Aún así, de su afirmación se desprende que el propio ministerio es consciente de que la espera es demasiado larga incluso para Semes, cuya paciencia Sanidad ha puesto reiteradamente a prueba: "La especialidad de Urgencias y Emergencias es un compromiso firme y será una realidad en breve plazo, poniendo fin así a un largo peregrinaje que comenzó en 2005, cuando un grupo de trabajo creado en el seno del ministerio manifestó la necesidad de crear la especialidad".
martes, 11 de enero de 2011
Sanidad alteró las pruebas del MIR para colar a médicos extranjeros sin convalidación
Queremos hacernos eco de esta noticia sorprendente, indignante y vergonzosa.
Esperamos que se depuren responsabilidades y todo el peso de la ley caiga sobre los culpables y por lo menos se les inhabilite para ostentar cargos públicos.
Decenas de facultativos dominicanos se presentaron a los exámenes como si fuesen miembros de la Unión Europea. Ya hay 22 personas implicadas en el escándalo por la Policía Judicial. El socialista Puche Oliva les facilitó los NIE para el examen. Trinidad Jiménez era ministra de Sanidad cuando se produjeron las irregularidades.
José Luis Cervero. Madrid
Un total de 27 médicos dominicanos llegados a España entre 2008 y 2010 ejercen como facultativos en distintos centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer la titulación de Medicina Familiar Comunitaria ni haber superado el examen de MIR (Médico Interno Residente). Tampoco presentaron su título universitario extranjero para ser homologado por el Ministerio de Educación español, tal y como exige la vigente ley para poder desempeñar un puesto de medicina general en el régimen general de la Seguridad Social. La Policía no descarta que alguno de estos supuestos títulos universitarios pudiera ser falso, según se desprende de las diligencias previas 772/10 que por supuesto delito de estafa instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia y a las que LA GACETA ha tenido acceso.
Las investigaciones policiales corren a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Tetuán de Madrid, el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y el Grupo I de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, coordinados todos ellos por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Frontera.
Estos agentes investigan la situación legal en la que se encuentran los médicos extranjeros que este mismo mes acuden al Ministerio de Sanidad a examinarse para su ingreso como MIR por si fuera irregular. Lo descubierto hasta ahora podría ser la punta del iceberg que pondría a flote la situación en la que se encuentra la sanidad pública española al detectarse que en determinados centros de salud ejercen como médicos de familia licenciados extranjeros sin la suficiente titulación universitaria o por no haber superado el examen MIR y encontrarse en situación ilegal en nuestro país.
De acuerdo con las diligencias judiciales, “se tiene conocimiento de la posible existencia de una red de inmigración dedicada a traer médicos dominicanos con destino a la Comunidad Autónoma de Murcia y que alguno de sus títulos universitarios pudiera ser falso”.
ALTERAR LAS NORMAS
En una declaración prestada ante la Policía en calidad de testigo por Elvira García Arias, jefe de servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad y Política Social, al ser preguntada por el motivo por el cual “en la convocatoria de 2008 (enero 2009) del ministerio hubo solicitantes extranjeros no residentes a los que se adjudicaron plazas que no les correspondían, excediendo por ello el número de plazas fijadas para estos extranjeros (cupo)”, contestó que lo que ocurrió es que “se permitió cambiar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros afectados por el cupo hasta la fecha de la asignación de las plazas”.
Otra de las preguntas que a este respecto formuló la Policía a Elvira García Arias fue en el sentido de que “si ese cambio de situación administrativa estaba permitida en la convocatoria y por qué”, la funcionaria contestó que “no estaba expresamente permitida, pero que se hizo una interpretación abierta de la norma para evitar el mal mayor que para el sistema nacional de salud hubiera supuesto que se quedaran alrededor de 300 o más plazas sin adjudicar”.
Requerida sobre quién autorizó este procedimiento administrativo pese a tratarse de temas previamente reglados por normas, acuerdos entre países y directivas promulgadas por la Unión Europea, Elvira señaló directamente como responsable al subdirector general que estaba ocupando el puesto en esa fecha, marzo de 2009, aunque no recordaba su nombre. En aquel tiempo Trinidad Jiménez dirigía el Ministerio de Sanidad.
PRESUNTA ESTAFA
Según consta en las diligencias judiciales en poder de LA GACETA, todos estos médicos dominicanos que se presentaron en Sanidad como aspirantes a MIR fueron traídos a España tras abonar cantidades de dinero que en algunos casos sobrepasan los 8.000 €. Los organizadores de estas expediciones –una de 49 y otra de 118– de universitarios caribeños a España utilizaron el señuelo de realizar un curso de preparación para el examen, con clases que serían impartidas tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Facultad de Medicina.
Según las diligencias policiales, el encargado de reclutar en Santo Domingo a estos licenciados en Medicina es el ex rector de la Universidad de aquel país, el doctor Diómedes Robles Cid. Por parte española, el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud, el doctor Antonio Martínez Pastor, y Jesús Navarro Caballero, director de la Academia MGI&NEVA.
Siempre según las mismas fuentes, “en noviembre de 2008 y a través de un abogado llamado ‘Campillo’, se reunieron el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia (Fulgencio Puche Oliva), y el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud (Antonio Martínez Pastor) porque en Murcia existía un gran déficit de médicos. En la misma [reunión], Antonio Martínez se ofreció para solucionar el problema trayendo médicos del extranjero y preparándoles para el examen MIR en una academia de la capital, que a la postre resultó ser MGI&NEVA, dirigida por Jesús Navarro Caballero, lugar donde el propio Antonio Martínez trabaja dando clases”.
“La primera solicitud de visado –sigue la investigación– fue realizada a mediados de diciembre de 2008 y figuraba la Academia MGI&NEVA como centro donde iban a realizar los estudios, siendo denegada por carecer la misma de homologación. Posteriormente realizan otra solicitud de visado, el día 29.12.08, figurando como centro Formación Profesional San Antolín, que es concedida de manera urgente, comprobándose sólo antecedentes y homologación de centro de estudios, previo informe favorable de la Delegación de Gobierno de Murcia”.
Fulgencio Puche Oliva, actualmente jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, fue alcalde del PSOE de Molina de Segura desde 1983 a 1991. La oficina que dirige depende del delegado del Gobierno Rafael González Tovar, médico de profesión.
LOS IMPLICADOS
Veintidós personas han sido hasta ahora imputadas por la Policía en estas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros e intrusismo. Entre ellas se encuentran el subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Antonio López Blanco, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, los tres altos directivos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón Sabater, Fátima Núñez Martínez y Antonio Martínez Pastor, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Diómedes Robles Cid, el ex director de EXPO-MIRIP, José Ramón Mogorrón y el abogado murciano Fernando Campillo.
Otro de los imputados por el supuesto delito de intrusismo es el médico dominicano Cristián Rafael de León Almanzar, que está cursando estudios en la Academia Militar de Sanidad para ser promovido a capitán de complemento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas. Este futuro oficial de la Sanidad Militar se encontraba en situación irregular en España cuando la Policía denunció que era uno de los dominicanos a los que el Servicio Murciano de Salud les facilitó trabajo en la Seguridad Social careciendo de la titulación para superar el MIR.
LO DICHO.... VERGONZOSO.... Y MIENTRAS OTROS DEJANDONOS EL LOMO PARA SALIR DE LA CRISIS....
Esperamos que se depuren responsabilidades y todo el peso de la ley caiga sobre los culpables y por lo menos se les inhabilite para ostentar cargos públicos.
Decenas de facultativos dominicanos se presentaron a los exámenes como si fuesen miembros de la Unión Europea. Ya hay 22 personas implicadas en el escándalo por la Policía Judicial. El socialista Puche Oliva les facilitó los NIE para el examen. Trinidad Jiménez era ministra de Sanidad cuando se produjeron las irregularidades.
José Luis Cervero. Madrid
Un total de 27 médicos dominicanos llegados a España entre 2008 y 2010 ejercen como facultativos en distintos centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer la titulación de Medicina Familiar Comunitaria ni haber superado el examen de MIR (Médico Interno Residente). Tampoco presentaron su título universitario extranjero para ser homologado por el Ministerio de Educación español, tal y como exige la vigente ley para poder desempeñar un puesto de medicina general en el régimen general de la Seguridad Social. La Policía no descarta que alguno de estos supuestos títulos universitarios pudiera ser falso, según se desprende de las diligencias previas 772/10 que por supuesto delito de estafa instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia y a las que LA GACETA ha tenido acceso.
Las investigaciones policiales corren a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Tetuán de Madrid, el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y el Grupo I de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, coordinados todos ellos por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Frontera.
Estos agentes investigan la situación legal en la que se encuentran los médicos extranjeros que este mismo mes acuden al Ministerio de Sanidad a examinarse para su ingreso como MIR por si fuera irregular. Lo descubierto hasta ahora podría ser la punta del iceberg que pondría a flote la situación en la que se encuentra la sanidad pública española al detectarse que en determinados centros de salud ejercen como médicos de familia licenciados extranjeros sin la suficiente titulación universitaria o por no haber superado el examen MIR y encontrarse en situación ilegal en nuestro país.
De acuerdo con las diligencias judiciales, “se tiene conocimiento de la posible existencia de una red de inmigración dedicada a traer médicos dominicanos con destino a la Comunidad Autónoma de Murcia y que alguno de sus títulos universitarios pudiera ser falso”.
ALTERAR LAS NORMAS
En una declaración prestada ante la Policía en calidad de testigo por Elvira García Arias, jefe de servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad y Política Social, al ser preguntada por el motivo por el cual “en la convocatoria de 2008 (enero 2009) del ministerio hubo solicitantes extranjeros no residentes a los que se adjudicaron plazas que no les correspondían, excediendo por ello el número de plazas fijadas para estos extranjeros (cupo)”, contestó que lo que ocurrió es que “se permitió cambiar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros afectados por el cupo hasta la fecha de la asignación de las plazas”.
Otra de las preguntas que a este respecto formuló la Policía a Elvira García Arias fue en el sentido de que “si ese cambio de situación administrativa estaba permitida en la convocatoria y por qué”, la funcionaria contestó que “no estaba expresamente permitida, pero que se hizo una interpretación abierta de la norma para evitar el mal mayor que para el sistema nacional de salud hubiera supuesto que se quedaran alrededor de 300 o más plazas sin adjudicar”.
Requerida sobre quién autorizó este procedimiento administrativo pese a tratarse de temas previamente reglados por normas, acuerdos entre países y directivas promulgadas por la Unión Europea, Elvira señaló directamente como responsable al subdirector general que estaba ocupando el puesto en esa fecha, marzo de 2009, aunque no recordaba su nombre. En aquel tiempo Trinidad Jiménez dirigía el Ministerio de Sanidad.
PRESUNTA ESTAFA
Según consta en las diligencias judiciales en poder de LA GACETA, todos estos médicos dominicanos que se presentaron en Sanidad como aspirantes a MIR fueron traídos a España tras abonar cantidades de dinero que en algunos casos sobrepasan los 8.000 €. Los organizadores de estas expediciones –una de 49 y otra de 118– de universitarios caribeños a España utilizaron el señuelo de realizar un curso de preparación para el examen, con clases que serían impartidas tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Facultad de Medicina.
Según las diligencias policiales, el encargado de reclutar en Santo Domingo a estos licenciados en Medicina es el ex rector de la Universidad de aquel país, el doctor Diómedes Robles Cid. Por parte española, el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud, el doctor Antonio Martínez Pastor, y Jesús Navarro Caballero, director de la Academia MGI&NEVA.
Siempre según las mismas fuentes, “en noviembre de 2008 y a través de un abogado llamado ‘Campillo’, se reunieron el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia (Fulgencio Puche Oliva), y el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud (Antonio Martínez Pastor) porque en Murcia existía un gran déficit de médicos. En la misma [reunión], Antonio Martínez se ofreció para solucionar el problema trayendo médicos del extranjero y preparándoles para el examen MIR en una academia de la capital, que a la postre resultó ser MGI&NEVA, dirigida por Jesús Navarro Caballero, lugar donde el propio Antonio Martínez trabaja dando clases”.
“La primera solicitud de visado –sigue la investigación– fue realizada a mediados de diciembre de 2008 y figuraba la Academia MGI&NEVA como centro donde iban a realizar los estudios, siendo denegada por carecer la misma de homologación. Posteriormente realizan otra solicitud de visado, el día 29.12.08, figurando como centro Formación Profesional San Antolín, que es concedida de manera urgente, comprobándose sólo antecedentes y homologación de centro de estudios, previo informe favorable de la Delegación de Gobierno de Murcia”.
Fulgencio Puche Oliva, actualmente jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, fue alcalde del PSOE de Molina de Segura desde 1983 a 1991. La oficina que dirige depende del delegado del Gobierno Rafael González Tovar, médico de profesión.
LOS IMPLICADOS
Veintidós personas han sido hasta ahora imputadas por la Policía en estas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros e intrusismo. Entre ellas se encuentran el subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Antonio López Blanco, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, los tres altos directivos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón Sabater, Fátima Núñez Martínez y Antonio Martínez Pastor, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Diómedes Robles Cid, el ex director de EXPO-MIRIP, José Ramón Mogorrón y el abogado murciano Fernando Campillo.
Otro de los imputados por el supuesto delito de intrusismo es el médico dominicano Cristián Rafael de León Almanzar, que está cursando estudios en la Academia Militar de Sanidad para ser promovido a capitán de complemento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas. Este futuro oficial de la Sanidad Militar se encontraba en situación irregular en España cuando la Policía denunció que era uno de los dominicanos a los que el Servicio Murciano de Salud les facilitó trabajo en la Seguridad Social careciendo de la titulación para superar el MIR.
LO DICHO.... VERGONZOSO.... Y MIENTRAS OTROS DEJANDONOS EL LOMO PARA SALIR DE LA CRISIS....
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